La aparición de los sistemas aéreos no tripulados (UAS) ha reconfigurado el panorama aeroespacial y de seguridad europeo. Con aplicaciones que van desde la agricultura y la logística hasta el uso recreativo, la vigilancia y la respuesta a emergencias, los drones se han convertido en una herramienta versátil tanto en el ámbito comercial como en el gubernamental. Su creciente presencia en las esferas pública y privada ofrece nuevas oportunidades, pero también introduce nuevos riesgos. Estos riesgos se han intensificado en los últimos años, impulsados en parte por el uso generalizado de drones en conflictos militares -sobre todo en la guerra entre Rusia y Ucrania-, donde se han empleado drones para operaciones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento (ISR) y ofensivas. El conflicto ha demostrado el impacto estratégico de los drones de bajo coste en entornos disputados, despertando la alarma en todo el mundo a medida que tecnologías similares se hacen cada vez más accesibles. Al mismo tiempo, el espacio aéreo civil y las infraestructuras críticas se han enfrentado a retos cada vez mayores, como las interrupciones en los aeropuertos, el contrabando aéreo en las cárceles y el uso no autorizado de drones en zonas densamente pobladas, lo que subraya la urgente necesidad de una gobernanza y un control exhaustivos.

A pesar de los rápidos avances en las tecnologías de detección y mitigación, sigue existiendo una clara necesidad de un marco jurídico armonizado para apoyar el despliegue efectivo de los sistemas C-UAS en escenarios reales. Uno de los principales retos a los que se enfrentan actualmente las autoridades europeas es la ambigüedad jurídica que rodea a la forma de abordar la actividad no autorizada o potencialmente peligrosa de los drones. Con frecuencia, los organismos encargados de hacer cumplir la ley carecen de autoridad para interceptar o neutralizar drones, incluso cuando se identifican amenazas claras. Esta limitación se debe a una combinación de factores: estrictas normas de seguridad aérea que ofrecen poca claridad sobre las medidas de mitigación; fuertes leyes de protección de datos y privacidad -como el GDPR y la Directiva de Aplicación de la Ley- que restringen la vigilancia y la intervención; y la ausencia de disposiciones legales armonizadas en toda la UE que rijan la retirada de drones. En algunos Estados miembros, los tribunales han dictaminado incluso que el uso de drones por las fuerzas de seguridad para vigilar espacios públicos es ilegal. El resultado es una laguna crítica en la aplicación de la ley: los drones pueden volar con relativa impunidad en zonas sensibles o restringidas, mientras que las autoridades públicas ven limitada su capacidad de respuesta.

Ante estos retos, el debate en Europa está cambiando. En lugar de responder ad hoc a las amenazas emergentes, los responsables políticos reconocen cada vez más la necesidad de un marco normativo global. La cuestión ya no se limita al funcionamiento de los drones, sino que ahora abarca la detección, la identificación, el seguimiento y la autoridad legal para actuar. Lo que está tomando forma es una respuesta estratificada: una respuesta que defina los límites del uso legal de los drones, establezca normas para las tecnologías de lucha contra los UAS y dote a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de mandatos claramente articulados. Esta evolución es evidente tanto en las iniciativas nacionales como en las colaboraciones a escala continental que tratan de aportar claridad, coherencia y disponibilidad operativa a la gobernanza del espacio aéreo europeo.

Alemania: Un reconocimiento político del vacío normativo

Alemania ha dado recientemente un claro paso político para abordar los retos que plantean los drones a través de su acuerdo de coalición para la legislatura de 2025. Finalizado a finales de 2024, el acuerdo esboza las prioridades estratégicas del gobierno para los próximos años e incluye una sección dedicada a la seguridad interna que aborda explícitamente los riesgos asociados a la actividad no autorizada de drones. En lugar de centrarse únicamente en incidentes aislados, el acuerdo hace hincapié en la necesidad de un enfoque estructurado a nivel nacional -que abarque la regulación, la capacidad operativa y la autoridad legal- para orientar la forma en que los organismos públicos pueden detectar, supervisar y mitigar los drones dentro de un marco jurídico claramente definido. Refleja una creciente concienciación en los círculos políticos alemanes sobre la necesidad de colmar las lagunas existentes desde hace tiempo en materia de supervisión y aplicación.

Medidas clave:

  • Infraestructura legal: El acuerdo se compromete a establecer la autoridad legal para que las fuerzas del orden y las agencias de seguridad nacional detecten, rastreen y mitiguen los drones no autorizados, abordando las limitaciones impuestas anteriormente por la legislación de aviación civil.
  • Apoyo técnico y financiero: El gobierno federal se compromete a invertir en sistemas contra-UAS, herramientas de monitoreo digital y tecnologías de detección impulsadas por IA para mejorar el conocimiento de la situación y la respuesta operativa.
  • Operaciones integradas: Existen planes para integrar las capacidades de mitigación de drones en las unidades de la policía federal, las agencias de protección civil, los servicios de inteligencia y los marcos de respuesta a emergencias.
  • Reforma de la política de datos: Reconociendo la preocupación por la privacidad vinculada a la detección de drones y el seguimiento biométrico, Alemania pretende reequilibrar la relación entre las necesidades de seguridad pública y la protección de datos, garantizando el cumplimiento tanto de la legislación nacional como del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.

Alemania está avanzando en un enfoque global para contrarrestar las actividades no autorizadas de drones mediante la integración de reformas legislativas, capacidades militares y estrategias de aviación civil.

Reformas legislativas:

  • Enmienda a la Ley de Seguridad Aérea: En enero de 2025, el Gabinete Federal alemán aprobó una propuesta para modificar la Ley de Seguridad Aérea, otorgando a las Bundeswehr (fuerzas armadas alemanas) la autoridad para neutralizar drones no autorizados sobre infraestructuras críticas en casos de emergencia. Esta medida permite la intervención militar cuando la policía estatal carezca de las capacidades técnicas necesarias.
  • Reforma de la Ley de la Policía Federal: Está en marcha un proyecto de reforma de la Ley de la Policía Federal, cuyo objetivo es dotar a las fuerzas policiales de herramientas avanzadas de lucha contra los drones, como pulsos electromagnéticos e interrupción de señales de radio. Esta legislación pretende mejorar la capacidad de las fuerzas del orden para hacer frente con eficacia a las amenazas relacionadas con los drones.

Estrategias de aviación civil:

Plan de acción nacional sobre drones: El Ministerio Federal de Transporte e Infraestructuras Digitales de Alemania ha esbozado un Plan de Acción Nacional sobre Drones centrado en la integración segura de los drones en el espacio aéreo, el apoyo a la innovación y el cumplimiento de la normativa de la UE. El plan destaca la importancia de los bancos de pruebas y la coordinación entre las partes interesadas para desarrollar políticas eficaces en materia de UAS.

Estas iniciativas demuestran la actitud proactiva de Alemania a la hora de establecer un marco normativo y operativo sólido para hacer frente a los retos que plantean las actividades no autorizadas de los drones.

Francia ha dado pasos tangibles hacia el establecimiento de un marco normativo para contrarrestar las actividades no autorizadas de aviones no tripulados (C-UAS). Aunque las directrices detalladas y públicamente disponibles sobre técnicas específicas de mitigación siguen siendo limitadas, varios avances legales e institucionales apuntan a un esfuerzo nacional más amplio para definir las funciones, responsabilidades y alcance operativo de las acciones contra los drones.

  • Autorización legal para el cumplimiento de la ley: En diciembre de 2024, el Conseil d'État francés aprobó el uso de drones por parte de las fuerzas del orden, tras las impugnaciones legales relativas a la vigilancia en reuniones públicas. Esta decisión sienta las bases jurídicas de las capacidades de vigilancia y respuesta en el contexto del orden público y la seguridad interior.
  • Ley de Programación Militar (LPM) 2024-2030: La última Ley de Programación Militar de Francia asigna 5.000 millones de euros a iniciativas de defensa tierra-aire, incluidas inversiones en tecnologías contra UAS. Esta financiación apoya la adquisición y modernización de sistemas diseñados para detectar, clasificar y neutralizar amenazas aéreas.
  • Prácticas operativas y colaboración internacional: Francia también ha avanzado en las prácticas de C-UAS mediante la cooperación internacional y la planificación de la seguridad en grandes eventos. Durante los Juegos Olímpicos de París de 2024, se desplegó una estrategia de seguridad para drones de varios niveles, que combinaba radares, sensores, ciberfrecuencias y herramientas de neutralización. Estas aplicaciones en el mundo real ayudan a informar sobre el desarrollo normativo en curso y el perfeccionamiento de las capacidades. (Fuente: IDGA)

Aunque se ha informado del uso de medidas técnicas como la interferencia, la interceptación y las tomas cibernéticas de RF, sus marcos jurídicos y de procedimiento siguen siendo en gran medida clasificados. No obstante, la combinación de apoyo legislativo, inversión en defensa y despliegue operativo ilustra la intención de Francia de establecer una arquitectura política de C-UAS más formalizada y viable.

El Reino Unido ha adoptado un enfoque estructurado y jurídicamente fundamentado para contrarrestar los drones no autorizados, impulsado en gran parte por incidentes de gran repercusión, sobre todo la interrupción de drones en el aeropuerto de Gatwick en 2018, que paralizó el tráfico aéreo y puso de manifiesto vulnerabilidades críticas en la seguridad aeroportuaria. En los años transcurridos desde entonces, el gobierno del Reino Unido ha tomado medidas para aclarar las funciones, colmar las lagunas jurídicas y mejorar la preparación operativa de los organismos públicos y las infraestructuras críticas.

Principales avances:

  • Estrategia contra las aeronaves no tripuladas (2019): Esta estrategia sentó las bases del enfoque nacional del Reino Unido, esbozando las responsabilidades de las autoridades aeronáuticas, las fuerzas del orden, los servicios de seguridad y las partes interesadas del sector. Hace hincapié en las respuestas basadas en el riesgo, la mejora de la coordinación y la integración de las tecnologías de detección y mitigación en todos los sectores.
  • Ley de telegrafía inalámbrica de 2006: Esta legislación existente constituye la base jurídica para utilizar interferencias de radiofrecuencia y otras técnicas de interferencia electrónica para inutilizar o tomar el control de drones no autorizados. Otorga a las autoridades designadas la facultad de interrumpir las comunicaciones de drones cuando sea necesario para proteger la seguridad pública.
  • Ley de gestión del tráfico aéreo y aeronaves no tripuladas de 2021: Esta ley más reciente amplió aún más los poderes coercitivos de la policía y las autoridades aeronáuticas británicas. Permite a los agentes detener y registrar a los operadores de drones, imponer sanciones fijas y acceder a los datos de registro. Y lo que es más importante, también formaliza el marco para crear zonas de restricción de vuelo de drones cerca de aeropuertos, prisiones y lugares sensibles.
  • Despliegues de C-UAS en lugares específicos: Paralelamente a la reforma legislativa, el Reino Unido ha desplegado tecnologías de detección y mitigación en lugares de alto riesgo, como los principales aeropuertos y centros penitenciarios. Estos sistemas suelen incluir radar, sensores acústicos y seguimiento por radiofrecuencia, lo que permite conocer la situación en tiempo real y reaccionar con rapidez ante las incursiones de drones.

En conjunto, estas medidas reflejan el cambio del Reino Unido de respuestas reactivas basadas en sucesos a una estrategia más proactiva y alineada con las políticas. Al integrar las capacidades de lucha contra los UAS en marcos jurídicos y operativos, el Reino Unido se ha situado entre las jurisdicciones más avanzadas de Europa en términos de preparación y claridad de autoridad.

España: Avanzar en la regulación mediante pruebas en el mundo real y normalización

España se ha convertido en un contribuyente estratégico en el panorama europeo de la lucha contra los UAS, desempeñando un papel central en los esfuerzos para probar, validar y mejorar los sistemas UAS. estandarizar las tecnologías contra drones y protocolos operativos. En lugar de centrarse únicamente en la adquisición o el despliegue de equipos, España ha dado prioridad a la armonización normativa, la colaboración entre organismos y la evaluación estructurada sobre el terreno de las capacidades de los C-UAS.

Un elemento clave del compromiso de España es su participación activa en Proyecto COURAGEOUS de INTERPOLuna iniciativa financiada por la Comisión Europea cuyo objetivo es armonizar las metodologías de ensayo de los sistemas contra drones en todos los Estados miembros. Las autoridades españolas -incluidas la Guardia Civil y la Policía Nacional- han llevado a cabo pruebas operativas en entornos como aeropuertos, estadios y zonas fronterizas, ayudando a desarrollar escenarios de referencia comunes para la evaluación comparativa de prestaciones y la validación normativa.

Paralelamente, España ha estado integrando las capacidades de los C-UAS en la planificación de la seguridad de eventos a escala nacional y en las estrategias de protección de infraestructuras críticas. Estas iniciativas están estrechamente alineadas con el objetivo más amplio de crear un marco jurídico y técnico coherente que respalde tanto las medidas de ejecución como la preparación tecnológica. A través de su colaboración con socios europeos y su compromiso práctico con las pruebas de sistemas, España está ayudando a dar forma a las normas reguladoras que sustentarán los futuros despliegues de C-UAS en todo el continente.

Italia: Estrategia militar y civil de doble vía para la lucha contra los UAS

Italia ha adoptado un enfoque global para contrarrestar las actividades no autorizadas de drones, integrando las iniciativas militares con las reformas de la aviación civil. Esta estrategia hace hincapié tanto en el desarrollo de capacidades avanzadas de defensa como en el establecimiento de marcos normativos que garanticen la seguridad nacional y la seguridad pública.

Iniciativas militares:

  • Centro de excelencia para la lucha contra los mini/micro RPAS: Establecido en 2019 bajo el Mando de Artillería Antiaérea (COMACA) en Sabaudia, este centro sirve como centro de investigación, formación y despliegue operativo de tecnologías contra-UAS. Desempeña un papel fundamental en el desarrollo de doctrinas y la realización de pruebas de campo para mejorar la defensa de Italia contra las amenazas de mini y micro drones.
  • Participación en proyectos europeos de defensa: Italia lidera el proyecto Counter-UAS dentro de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) de la UE, colaborando con otros Estados miembros para desarrollar sistemas y conceptos operativos estandarizados de lucha contra los drones.
  • Despliegues operativos: El ejército italiano ha desplegado activamente unidades de lucha contra los UAS para proteger eventos de alto nivel. En particular, durante la Ryder Cup de 2023, equipos especializados se encargaron de detectar y neutralizar drones no autorizados para garantizar la seguridad de participantes y espectadores.

Reformas de la aviación civil:

  • Reglamento ENAC: La Autoridad Italiana de Aviación Civil (ENAC) ha implementado regulaciones en línea con el Reglamento 2018/1139 de la UE, centrándose en la integración segura de los drones en el espacio aéreo nacional. Esta normativa aborda las limitaciones operativas, los requisitos de certificación y el establecimiento de zonas del espacio aéreo designadas para actividades con drones.
  • Implantación de U-Space: Italia avanza hacia la implantación de U-Space, un marco europeo destinado a gestionar el tráfico de drones en el espacio aéreo de baja altitud. Esta iniciativa pretende mejorar el conocimiento de la situación y la coordinación entre los operadores de drones y las entidades de gestión del tráfico aéreo.
  • Plan Estratégico de ENAV: ENAV, proveedor italiano de servicios de navegación aérea, ha puesto en marcha un plan estratégico para desarrollar una plataforma de "drones como servicio". Esta plataforma pretende ofrecer servicios integrados de drones en diversos sectores, como la energía, el transporte y la vigilancia, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normas de seguridad y reglamentación.

Con esta estrategia de doble vía, Italia demuestra su compromiso de hacer frente a los retos que plantean los drones no autorizados combinando la preparación militar con sólidas políticas de aviación civil.


Los ejemplos anteriores ilustran algunas de las iniciativas nacionales que se están llevando a cabo en Europa para hacer frente a los retos normativos y operativos que plantean los drones no autorizados. Aunque en este informe sólo se destaca una selección, muchos otros países europeos están desarrollando activamente marcos jurídicos, invirtiendo en capacidades de lucha contra los UAS y reforzando la coordinación institucional. En conjunto, estas acciones reflejan un creciente reconocimiento de la necesidad de un enfoque estructurado, aplicable y orientado al futuro para la gobernanza de los drones, tanto a nivel nacional como continental.

Hacia un marco europeo unificado de lucha contra los UAS

Mientras los distintos países europeos avanzan en sus propias estrategias contra los UAS, la Unión Europea fomenta al mismo tiempo un enfoque coordinado para hacer frente a los retos que plantean los drones no autorizados. Las principales instituciones y proyectos de colaboración de la UE están a la vanguardia de este esfuerzo, con el objetivo de armonizar las normativas, estandarizar las metodologías de ensayo y mejorar las capacidades operativas en todos los Estados miembros.

Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA)

La AESA desempeña un papel fundamental en el establecimiento de un entorno normativo coherente para los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en la UE. Mediante la elaboración de directrices y protocolos de seguridad exhaustivos, la AESA garantiza que las operaciones con drones en todos los Estados miembros se ajusten a normas coherentes, lo que facilita tanto la innovación como la seguridad en el sector aeroespacial.

Centro Común de Investigación (CCI)

El Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea desempeña un papel decisivo en el avance de las capacidades de la UE para contrarrestar los UAS. A través de iniciativas como el proyecto DRONE, el JRC evalúa tecnologías de contramedidas pasivas y activas, centrándose en su aplicación para proteger a los ciudadanos, las infraestructuras críticas y los espacios públicos. El trabajo del JRC incluye el desarrollo de un "laboratorio viviente" para probar y perfeccionar soluciones C-UAS en escenarios reales, contribuyendo a un manual de mejores prácticas para las partes interesadas.

Proyecto COURAGEOUS

Financiado por el Fondo de Seguridad Interior de la Policía de la UE, el proyecto COURAGEOUS pretende desarrollar metodologías de ensayo normalizadas para detectar, rastrear e identificar drones ilícitos. Mediante la creación de un conjunto de escenarios de amenaza y requisitos de rendimiento estándar, el proyecto facilita la evaluación de diversos sistemas de lucha contra los UAS. Las pruebas de validación llevadas a cabo en Bélgica, Grecia y España ya han proporcionado información valiosa que permite a las fuerzas de seguridad tomar decisiones más informadas a la hora de seleccionar las tecnologías adecuadas. Como continuación de este trabajo, INTERPOL está organizando un nuevo ejercicio contra drones en vivo en Sevilla (España) en mayo de 2025 y en San Diego en septiembre de 2025. El evento simulará escenarios urbanos complejos utilizando técnicas de equipos rojos y azules, y se espera que ponga a prueba aún más el rendimiento de las nuevas soluciones C-UAS en entornos realistas de alta presión.
 Esta evolución continua refleja la creciente necesidad de referencias normalizadas y basadas en pruebas que respalden el despliegue responsable de soluciones C-UAS en Europa y Norteamérica.

Adecuar la normativa a la realidad

La iniciativa C-UAS de Alemania ha puesto de relieve la urgencia de crear marcos modernos y con capacidad de respuesta para regular los drones, no sólo por motivos de seguridad aérea, sino también de seguridad nacional y civil. En toda Europa, esta urgencia se está traduciendo en una respuesta a dos niveles: los gobiernos nacionales están avanzando en la autoridad legal y la capacidad operativa, mientras que las instituciones de la UE están trabajando para estandarizar los regímenes de pruebas, las directrices reguladoras y los mecanismos de coordinación transfronteriza. A medida que la tecnología de los drones siga evolucionando, ganando en alcance, autonomía y complejidad, se intensificarán los riesgos asociados a su uso no autorizado o malintencionado. La capacidad de Europa para mitigar estas amenazas depende no sólo del despliegue de tecnologías avanzadas, sino de la preparación jurídica e institucional para apoyarlas. Ya se han sentado las bases. Basándonos en la experiencia de Sentrycs en el despliegue de tecnologías C-UAS en seis continentes, lo que se necesita ahora es un marco verdaderamente global, que garantice una implantación sostenida, claridad jurídica, preparación operativa, mayor interoperabilidad entre naciones y un compromiso compartido para asegurar los cielos de baja altitud mediante una regulación y una acción coordinadas.